Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Tema estelar en el sexenio de Vicente Fox Quesada y asunto empantanado con el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la transparencia se marchita como política nacional en la nueva administración priista de Enrique Peña Nieto.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), bajo el título “Rendición de cuentas y combate a la corrupción”, le dedica sólo tres párrafos a este ámbito político que hace una década mantuvo a México a la vanguardia en Latinoamérica.
En ese escueto contenido no se encuentra una ruta trazada y tal ausencia no ha pasado inadvertida para los observadores. Ayer, un grupo de organizaciones civiles, académicos, periodistas, funcionarios públicos y ciudadanos dirigieron una carta al Presidente Enrique Peña Nieto en la que le exigen una estrategia, “con objetivos y líneas de acción específicos”.
Porque en el escenario de la Transparencia, por ahora, parece predominar el estancamiento. El periodo ordinario de sesiones concluyó el 30 de abril y en la Cámara de Diputados quedó empantanada la reforma al artículo 6 constitucional que le brindaría autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Hay otro elemento en este paisaje de incertidumbre. En este momento, los 250 órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son desmantelados, conforme a la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de enero. La misma legislación ordena que esas atribuciones empezarán de nueva cuenta una vez que esté listo el Instituto de Acceso a la Información. De modo que por el momento, no hay instancia gubernamental que rija la Transparencia en México.
En ello, hay un riesgo que late. Haydeé Pérez, coordinadora del área de esta temática del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, expone: “Es posible que la Transparencia siga como parte del discurso de los gobernantes y de los políticos, y que jamás se materialice en el combate a la corrupción. En la medida que continúe este cáncer, habrá desencanto social”.
CARTA PARA EL PRESIDENTE
La carta está firmada por 100 organismos y 33 ciudadanos. Fue dada a conocer por el Colectivo por la Transparencia, entidad que reúne a expertos que han observado este ámbito en México desde que fue impulsado por el ex Presidente Vicente Fox. Entre ellas se encuentran México Infórmate, Artículo 19, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), AMEDI-Puebla, Colectivo PND-Migración, el Foro Migraciones, Fundar y México Eavalúa.
La misiva para Peña Nieto brinda razones de peso para no prescindir de una política en Transparencia. “Las recurrentes crisis fiscales y de deuda de los años setenta, ochenta y noventa; así como los modos autoritarios, patrimonialistas y clientelares del ejercicio del poder público que vivimos en México en esa época y que aún no podemos trascender del todo, es la necesidad de contar con mecanismos ciudadanos que permitan transparentar las cajas negras gubernamentales”, se lee en la epístola.
Los expertos piden controles a la discrecionalidad y a los excesos de las autoridades, así como mayor participación en la atención y resolución de problemas públicos.
LOS TRES PÁRRAFOS DEL PND
Como abono al impasse de la Transparencia nacional, la breve exposición sobre el tema en el PND omite el concepto de “gobierno abierto”, impulsado desde las ONG a nivel internacional durante la pasada década. Este concepto implica una ruta para que la información del gobierno quede al servicio de los ciudadanos con fines utilitarios. “No lo veo”, lamenta en entrevista con SinEmbargo, Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana de la ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. Y vislumbra: “Nos costará más trabajo seguir hacia algún sitio, si este tipo de rutas no están en el documento rector del gobierno federal”.
Hay otra sombra: en el PND de Peña Nieto ni siquiera hay distinción en los conceptos. Para referirse a la Transparencia, el documento une los términos de Rendición de cuentas y combate a la corrupción. “No tenemos claras las palabras. No hay precisión ni de una ni de otra”, abunda Gómez Magaña.
Sobre el mismo aspecto, Haydeé Pérez, de Fundar, expone: “Las palabras son parte de una simulación. En el PND se usaron términos políticamente correctos. Pero una cosa es lo discursivo, pero otro, la acción. También hemos perdido en la aplicación de los términos”.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Concentrado en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, el texto del PND identifica “diversos factores” en la administración pública que han incidido para mal en el ejercicio público.
El legajo lista como principales obstáculos del combate a la corrupción, las deficiencias en materia de documentación y archivos, las problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y los deficientes mecanismos de evaluación.
“No son las tres causas principales ni son las más importantes. Si ponemos todo en un saco, es difícil identificar las causas de la corrupción”, ratifica Gómez Magaña.
Agrega que el problema ha sido la fragmentación en instituciones. A nivel nacional, hay un instituto federal de acceso a la información con su propia dinámica, pero no ocurre así en los estados.
Haydeé Pérez, de Fundar, coincide: “Con los conceptos utilizados de esa forma, no podemos hablar de rendición de cuentas”.
¿Cuáles son las ausencias en el documento rector del gobierno federal? “El diagnóstico es como de la calle. Parece que recoge lo que dice la gente. Es un desfile de lugares comunes: que el gobierno pudiera ser mejor, que es corrupto; pero no hay conceptos sólidos como corresponsabildad, gobernanza o gobierno abierto”, responde Gómez Magaña.
AQUELLOS CLAROS DÍAS
La Ley de Acceso a la Información, que ordenó la formación del IFAI, fue publicada en junio de 2002. Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile.
Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.
Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.
De este rezago, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, durante el calderonismo, es de los ejemplos más visibles. Haydeé Pérez, la analista de Fundar, piensa que “hubo un déficit en materia de información en distintos aspectos. La cifra de víctimas mortales aún no es clara, pero tampoco conocemos los recursos públicos y los criterios que obligaron a tomar las decisiones para aplicar la política que sustentó el combate al narcotráfico”.
¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuánto costó la guerra? ¿Qué diagnóstico llevó al gobierno a emprender la batalla en contra del llamado crimen organizado? –son preguntas sobre este episodio que no han encontrado respuestas.
A México no le llevó mucho tiempo empezar con la siembra de una cultura de Transparencia. Pérez admite que “hace 15 años, en cuanto al derecho a la información, no teníamos más que dos líneas enmarcadas en la libertad de prensa”.
Pone un ejemplo de esta apresurada transformación: “El artículo 6 no tenía las siete fracciones del día de hoy. Simplemente era un párrafo. Se indicaba que nadie debía molestado por sus opiniones o su expresión”.
Y como en un pizarrón, en subrayado, menciona que en este momento hay 33 leyes en materia de acceso a la información, la misma cantidad de órganos garantes, sistemas electrónicos como el Infomex y comités de enlaces. Y cada vez, año con año, surgen más solicitudes en toda la República.
Con todo, los observadores entrevistados por SinEmbargo se muestran esperanzados.
Si bien es preocupante que la reforma en materia de Transparencia no haya sido aprobada y que el PND carezca de objetivos, para Haydeé Pérez, “todavía se puede componer la página” en la medida que el gobierno federal ha mostrado recepción de sugerencias.
Ernesto Gómez Magaña, de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, reconoce la oportunidad de generar un gobierno atento a la Transparencia. “No es el momento de echar todo a la basura”, resume.
El PND, ¿Y LA TRANSPARENCIA?
A continuación, el texto en materia de Transparencia, contenido en el documento rector del gobierno federal:
“En la Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación”, se lee.
Luego, se admite que la diversidad de criterios utilizados y la fragmentación institucional “no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”.
El resumen, entonces, es que “la corrupción no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas”.
